miércoles, 19 de diciembre de 2012
sábado, 15 de septiembre de 2012
Frente al gobierno y a las movilizaciones por derecha: INDEPENDENCIA DE CLASE
FRENTE AL GOBIERNO Y A LAS MOVILIZACIONES POR DERECHA: INDEPENDENCIA DE CLASE
Los miles de manifestantes que el pasado jueves 13 de septiembre convergieron en las principales ciudades del país no expresan ninguno de los intereses de los trabajadores y sectores populares. Debemos ser claros y sin ningún lugar a la duda: por la composición de clase y por la naturaleza de las consignas, los cacerolazos del pasado jueves lejos están de aquellos que sacudieron las principales urbes allá por diciembre del 2001 y el verano de 2002. El sujeto social que ahora salió a las calles se compone por la misma pequeña burguesía y sectores acomodados que repudian los cortes de ruta de los trabajadores y reclaman mano dura contra la protesta, que defienden la dictadura y que la máxima libertad a la que aspiran es la de hacer negocios.
Tras la supuesta espontánea convocatoria se ocultan (y no tanto) la Iglesia Católica, el grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas, y los partidos de oposición de derecha al kirchnerismo, el macrismo, el radicalismo, el peronismo federal, los sectores liderados por De Narváez que, habiendo convocado o no, festejaron con entusiasmo la movilización. También Scioli declaró "cuando la gente se expresa hay que escucharla con atención", recomendación que le valdría a él mismo que ignora los innumerable recamos de los trabajadores estatales de su provincia.
Pero no sólo estos sectores reaccionarios se han posicionado. El otrora kirchnerista y hoy ferviente opositor, el burócrata sindical Moyano, manifestó su apoyo desnudando sus intereses mezquinos que distan mucho de los intereses de la clase a la que dice representar. Lo mismo hizo la llamada “centro izquierda” del FAP y Proyecto Sur cuyos principales dirigentes vieron con optimismo la “movilización espontánea” de la clase media. Al igual que en 2008, cuando apoyaron a las patronales del campo, la centro-izquierda termina apoyando de hecho a una expresión política claramente de derecha.
Mención aparte merece un sector de las fuerzas de izquierda que, entusiasmado ante cualquier acción o movilización que se oponga al gobierno, no es capaz de leer con honestidad intelectual y política qué intereses y sectores de clase son los que impulsan dichos reclamos. Con una posición que cabalga entre la confusión y el oportunismo, de la misma manera que antaño apoyaron abiertamente a la Mesa del Enlace de los patrones del campo, hoy el MST e Izquierda Socialista aplauden a la clase media indignada por el cepo al dólar, la inseguridad, la corrupción, el uso cadena nacional y el “autoritarismo” del gobierno que consistiría solamente en su vulneración de formas republicanas y no en su carácter de clase.
La agenda política la marcan alternativas burguesas, sean estas por derecha o por “centro izquierda”. Nada dice ninguno de esos bloques acerca del 40% de precarización laboral que en 10 años de “modelo” kirchnerista no se ha eliminado. Nada dicen tampoco de la criminalización de la protesta social, de los crecientes ataques a los trabajadores que el único delito que cometen es organizarse en la legítima defensa de sus derechos. Menos aún denuncia -ninguno de estos grandes bloques- las enormes riquezas de capitales transnacionales y nacionales que a costa de la explotación y la salud de nuestro pueblo acumulan enormes ganancias con la explotación sojera, la megaminería y el trabajo esclavo mientras se condena a nuestra clase a vivir con $ 6 por día, o a percibir un salario mínimo de $2.670 hasta 2013, recientemente pactado con la burocracia sindical. Mientras los caceroleros fashion repudian la política de subsidios sociales del gobierno, éste hace bandera de “justicia social” distribuyendo los propios ingresos de los trabajadores sin tocar los beneficios de los empresarios.
La necesidad de una agenda propia
Frente a esta coyuntura compleja quienes nos definimos socialistas, o bien anticapitalistas, clasistas, antiburocrácticos, nos encontramos con un panorama complicado.
A pesar de que las posiciones clasistas no son las que dominan la escena política actual, consideramos que es fundamental intervenir de manera clara, coherente y con firmeza. Ninguna fundamentación táctica justifica un apoyo a sectores que abiertamente se posicionan contra las reivindicaciones de la clase trabajadora. Los que claman con sus cacerolas hoy en día son quienes viven de la explotación y la opresión hacia los y las trabajadoras, o quienes sin hacerlo adhieren a sus consignas.
Ni con el Gobierno ni con los caceloreros; la única alternativa real para resolver los problemas del pueblo trabajador sigue siendo construir una agenda propia, independiente de cualquier proyecto burgués; dentro de una unidad amplia, pero sin abandonar la perspectiva de clase.
Agrupación Hombre Nuevo - 15 de septiembre de 2012
Facebook: Agrupación Hombre Nuevo
jueves, 22 de marzo de 2012
miércoles, 15 de febrero de 2012
BASTA DE MEGAMINERÍA; NO A LA REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES Y POPULARES; EXIJAMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
Cuando afinan la sintonía, afilan sus bastones
miércoles 15-2, nos movilizamos
Antecedentes
En el año 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.268 que incorporó al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater, que tipificaban como delito la “asociación ilícita terrorista” y el “financiamiento del terrorismo”. Ya en esa oportunidad se trataba de una ley con poca precisión y definición específica, que dejaba un camino sin obstáculos a la libre interpretación de los jueces y al establecimiento de penas que podrían ir desde los 5 a los 20 años de prisión. Esta ley, vigente en la actualidad, faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorista” a cualquiera, sin que sea requisito que se comentan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). A partir de la vigencia de esta ley, cualquier organización social, política, estudiantil, sindical, etc. que simplemente intente reclamar ante el Estado o algún organismo internacional puede ser acusada de terrorista y ser sancionada con penas altísimas.
¿Qué incorpora la nueva legislación?
El nuevo proyecto de ley aprobado finalmente por el Congreso de la Nación en diciembre del 2011, denominado “Sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” modificó el código penal[i] estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha "antiterrorista", tiene mayores alcances que la sancionada en el 2007, y fundamentalmente, convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.
En la nueva legislación se califica como “terrorista” cualquier “delito” que tenga “la finalidad de generar terror en la población”, duplicando los mínimos y los máximos de las escalas penales y no sólo será aplicable a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización (por ejemplo: vecinos que cortan una calle en reclamo por falta de luz o una inundación, los jubilados que exigen aumentos, los estudiantes que reclaman una mejor educación).
Además de convertir en un criminal a cualquier ciudadano que protesta y exige sus derechos, la ley agrega que cualquier tipo de colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido “delitos terroristas” dentro o fuera del país, será penado bajo la figura de “financiación terrorista”. Algunos ejemplos de ello pueden ser la realización del fondo de huelga a los trabajadores de Kraft o la Caravana solidaria que se realizó en apoyo a los docentes de ADOSAC, o algo tan simple como donar 5 pesos a Greenpeace, organización que exige el fin de la megaminería. De hecho, esta ley ya se está aplicando a los vecinos que en Catamarca y La Rioja son perseguidos y detenidos por defender su derecho a un medio ambiente sano, derecho establecido no sólo de nuestra Constitución Nacional sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Si bien frente a los reclamos de varios organismos de DDHH y de personalidades de la cultura y la educación, se ha hecho un agregado en el proyecto de ley que aclara que estas medidas no se aplicarán sobre la protesta social en los casos en los que se “esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo”, dicha especificación continúa siendo ambigua ya que deja a libre interpretación de los jueces de turno qué protestas se exceptuarán. Es decir, los mismos jueces que, entre otros hechos escandalosos, amparan a los grandes criminales que hacen millones con la trata de mujeres y absuelven a los policías que asesinan jóvenes con el "gatillo fácil", mientras encarcelan a los pobres y mantienen procesados a miles de luchadores sociales, serán quienes decidan qué derechos vamos a poder defender legítimamente y cuáles no.
¿Una ley al servicio de quién?
Al igual que la Doctrina de Seguridad Nacional que, elaborada por los Estados Unidos en la década de 1960, fue usada por las dictaduras latinoamericanas para luchar contra "el enemgio interno", considerando terrorista a cualquiera que discrepara con los valores "occidentales y cristianos" de la dictadura de Onganía por ejemplo; esta ley fue promovida por el Departamento de Estado norteamericano a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera).
Ante las protestas sociales que crecen a nivel mundial de la mano de la crisis económica, y que tienen como epicentro a la propia Europa y EEUU, el gendarme mundial busca garantizar su hegemonía política, económica y militar y promueve un "orden" que permita recuperar las ganancias empresarias.
¿Qué orden se busca garantizar en nuestro país? ¿Qué expresiones habría de "terrorismo"?
Esta reforma penal que legitima la criminalización de la protesta no constituye un hecho aislado.
En los últimos ocho años la criminalización de la protesta ha aumentado exponencialmente. La cantidad de compañeros y compañeras asesinados durante jornadas de protesta entre 2003 y 2011 no queda muy atrás de la ocurrida en los gobiernos de Menem y de Duhalde. Actualmente hay más de 5.000 causas judiciales en Argentina contra luchadores populares, cuyo delito ha sido reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano... Todos derechos fundamentales de los seres humanos. Además, en los últimos años, a las fuerzas armadas del estado se han sumado distintos grupos parapoliciales o patotas que ejercen la represión directa allí donde el pueblo reclama y se organiza para luchar: Mariano Ferreyra, los trabajadores de Kraft, la comunidad Qom en Formosa, los vecinos del Indoamericano, los docentes de ADOSAC, las familias pobres de Jujuy que fueron baleadas por tomar tierras, los jóvenes de Lugano que son golpeados por la Gendarmería que dice garantizar la "seguridad", los pueblos de Catamarca y Tucumán que luchan contra la megaminerías, son solo algunos ejemplos de cómo el pueblo trabajador es atacado por un sistema político y judicial que garantiza los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.
En síntesis, esta nueva ley, cuyo objetivo es paralizar la lucha social a través del miedo a ser encarcelado, del "terror" a ser perseguido (con el Código Penal en la mano como dijo Aníbal Fernández) que busca impedir que nos organicemos y salgamos a las calles a luchar por nuestros derechos, promueve la criminalización de la protesta y avanza en la militarización para “combatir la inseguridad”, en función de sus intereses de clase. Por ello, debemos unir todas nuestras fuerzas para decir NO a la Ley Antiterrorista. Porque seguiremos luchando por nuestros derechos y por construir un mundo realmente justo, afirmamos una vez más que las luchas que - todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, universitarias, etc.- día a día intentamos llevar adelante por mejores condiciones de vida, no son actos terroristas.
. DEROGACIÓN DE LA LEY "ANTITERRORISTA".
. UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES, DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIANTILES Y SOCIALES.
. NINGÚN ACTO NI LUCHA POPULAR ES UN ACTO TERRORISTA
. NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
. LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR.
. DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES.
El MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO MARCHAMOS HASTA EL CONGRESO NACIONAL
Concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17:00 hs
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO
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[i] Que logró la sanción en la cámara de Diputados con los 134 votos de: Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Peronista de San Luis, Movimiento Popular Neuquino, Renovador de Salta, Córdoba Federal, Frente Cívico por Santiago, Unión por San Juan, Corriente de pensamiento Federal, Unión Peronista, Partido Justicialista La Pampa; contra los 90 votos negativos de: UCR, PRO, GEN, Proyecto Sur, PS, Frente Cívico Córdoba, Coalición Cívica – ARI, Unidad Popular, Demócrata de Mendoza, Libres del Sur, Frente Peronista, Democracia igualitaria y participativa, votaron en contra de la sanción de la ley.)
viernes, 13 de enero de 2012
enero de 2012 - Situación Nacional - La Llamarada (versión digital)
Ajuste para todos
Verano con altas temperaturas, pero no sólo por la sensación térmica. Este comienzo de año se inicia con una serie de medidas políticas regresivas, que impactan fundamentalmente sobre la clase trabajadora y los sectores más postergados. El “modelo nacional y popular”, supuesto garante de un nuevo Estado de bienestar, lejos de escandalizarse, ha sido el principal impulsor de las mismas.
En un ensayo, todavía a pequeña escala, de los ajustes salvajes durante la década de los 90’, y de las políticas que a diario aplican las naciones europeas para “salir” de la crisis, se ha comenzado a instrumentar un ajuste generalizado. A pesar del anuncio oficial de extensión del período de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento hasta el 31 de diciembre de 2013, que tendría por objetivo alivianar las necesidades financieras de las 17 provincias involucradas en $6.900 millones de pesos el próximo año y en $6.700 millones en 2013, la situación fiscal de las provincias explota. Por eso las mismas ya comienzan a instrumentar los ajustes que recaerán, como siempre, sobre la clase trabajadora.
Daniel Peralta, gobernador del territorio donde nació el Kirchnerismo, envió a fines de diciembre al Congreso provincial una Ley de Emergencia Económica que implica, entre otras medidas, la suspensión de negociaciones paritarias y la modificación del régimen previsional, subiendo la edad jubilatoria, además de que se altera la ya restringida movilidad en los haberes. La movilización de los trabajadores estatales, con represión y heridos mediante, sumada a la crisis política interna que se desató luego de que los jóvenes “progresistas” de La Cámpora que inicialmente avalaron este proyecto de Ley retiraran su apoyo al Gobierno de Peralta, permitió que se suspenda la medida hasta marzo. Recordemos que ante la magnitud de los acontecimientos, los jóvenes camporistas, cambiaron su estrategia jugando ahora al vacío de poder con el Gobernador Peralta, luego de presentar la renuncia a 15 cargos ejecutivos de primera y segunda línea dentro de la Gobernación.
Si bien en Santa Cruz se logró frenar el paquete de ajustes, en Río Negro la reciente asunción de Weretilnek, ante la muerte del Carlos Soria, ex jefe de la SIDE en tiempos de la masacre del Puente Pueyrredón, no modificó en nada lo pautado por su antecesor. “No hay marcha atrás con la reforma del Estado, ni con las políticas mineras, ni con la eficientización del gasto público”, señaló el flamante gobernador ratificando la decisión de pasar a disponibilidad 20.000 trabajadores estatales, y la derogación de la ley provincial que prohibía la utilización del cianuro y el mercurio en las actividades mineras.
Por su parte, el gobierno de Chubut frenó una resolución que ingresaba trabajadores a planta permanente y retrasó los pagos de diciembre a los estatales, el gobierno catamarqueño anunció la suspensión de más de 170 contratos, en Jujuy y Córdoba los trabajadores estatales esperan, todavía, el cobro de los salarios de diciembre. (Clarín, 09/01)
Estas iniciativas de ajuste fiscal se comprenden en un escenario económico que se ve afectado por las consecuencias de una compleja crisis económica mundial. Con la intención de reducir el gasto público, se apunta contra los salarios de los trabajadores estatales, reinstalando en el sentido común la imagen de “privilegiados”, “ñoquis” y “vagos”, discurso que el menemismo utilizó para justificar las privatizaciones; discurso que, de forma virulenta, se viene promoviendo incesantemente desde la máxima autoridad ejecutiva.
Apelando a la distribución de la riqueza entre la misma clase trabajadora, gobiernos nacionales y provinciales nada dicen (y menos tocan) de las enormes ganancias que empresas agrarias, industriales, mineras, petroleras y bancarias, acumularon en estos 8 años de kirchnerismo.
Tarifazos
En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, autorizó de un día para el otro el descomunal aumento de 127 % en las tarifas de los subtes. Luego de concretarse el traspaso del servicio a órbita a la Ciudad, con el acuerdo del Gobierno Nacional de subsidiar durante todo este año con una suma de 360 millones de pesos, un 50 % de lo que venía aportando, el jefe de gobierno porteño pautó una tarifa que excede ampliamente en recaudación lo que el gobierno nacional deja de subsidiar. Así, Macri, preocupado por perseguir a los vendedores ambulantes pero no por cobrar impuestos a los monopolios, continúa garantizando millonarias ganancias para el Grupo Roggio. El argumento dado por el oficialismo porteño de que no tenían posibilidades de afrontar la otra mitad del subsidio al no estar contemplado en el presupuesto, fue desmentido por el propio ministro de Hacienda porteño, Grindetti, quien reconoció que en el presupuesto de este año estaban incluidos 1150 millones de pesos para mejoras del servicio (Página 12, 8/01).
Pero estos aumentos son sólo el comienzo: en sintonía con el incremento en la tarifas del subte, no pasará mucho tiempo para que se modifiquen las tarifas de otros medios de transporte, como colectivos y trenes, a pesar de las enérgicas desmentidas del ministro de Planificación Julio de Vido, y del Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Completa el panorama de ajuste la quita de subsidios en las tarifas de agua, luz y gas, además del incremento específico en los precios de estos dos últimos servicios. Aunque en esta primera etapa la suba alcanza a grandes empresas y usuarios residenciales, no se descarta que tendrá efectos generales, impactando fuertemente sobre los bolsillos de los trabajadores que no logran mejorar su capacidad de compra ante los crecientes niveles de inflación. No hay que ser un gran analista para descubrir que el aumento de estos servicios (por ejemplo gas) a los sectores industriales (grandes consumidores), elevará los costos de la producción, por lo tanto los precios que pagamos los trabajadores. De esta manera se configura la conocida transferencia de ingresos, según la cuál los pobres terminamos pagando el aumento que supuestamente se aplica a los ricos.
El gobierno intenta subjetivamente retrasar lo que objetivamente no tardará en estallar. Con un fuerte trabajo cultural y propagandístico, el kirchnerismo dibuja un ajuste que a medida que vaya sintiéndose en los bolsillos, no podrá ser ya ocultado. A su vez, el gobierno “socializa” la crisis, con iniciativas tendientes a que las provincias y el macrismo paguen los platos rotos.
Aumenta la temperatura
La relación con el, hasta hace poco más de medio año, riñón sindical del gobierno ya venía tambaleando desde que la presidenta comenzó a armar su equipo para el segundo, ya en su tiempo evidente, mandato. Sin embargo, ese rumor no terminaba de convertirse en una realidad.
Luego del ataque que la misma Cristina Fernández de Kirchner habría lanzado contra el sindicalismo en su discurso de asunción el pasado 10 de diciembre; Hugo Moyano, convirtió la disputa CGT-gobierno en un conflicto abierto. El 15 de Diciembre, en ocasión de un nuevo aniversario del día del camionero, el titular de la CGT irrumpió con un discurso explosivo, en el que renegó públicamente de las acusaciones de “extorsionadores” que la presidenta le achacó al sindicalismo en el mencionado discurso, a la vez que afirmó, incisivo, que tanto el PJ provincial como el nacional (en los cuáles ocupaba importantes cargos, a los que renunció en ese mismo acto) “son cáscaras vacías”.
Pero no sólo los sectores encabezados por la burocracia de Moyano se ponen a la defensiva. Se avecinan unas paritarias conflictivas tras los anuncios del gobierno que pretende poner un techo del 18% a los aumentos salariales. Ya el sector de “los gordos” de la CGT encabezado por Luis Barrionuevo está discutiendo planes en conjunto con Moyano (como fijar un piso para las paritarias del 25%). También Hugo Yasky, del “sector K” de la CTA, se posiciona, aunque evitando cualquier confrontación con la patronal estatal: “el 2012 puede ponernos frente a un cuello de botella en relación con la continuidad y profundización del proceso distributivo (…) [es preciso] atravesar sí o sí ese cuello de botella. (…) este es el gran desafío que nos plantea este 2012. Para lo cual resulta impostergable una nueva avanzada para hacer más justa la distribución de la renta, poniendo la lupa sobre las utilidades extraordinarias de sectores concentrados de altísima rentabilidad y adoptando políticas activas que incrementen la participación de la pequeña empresa y del sector estatal en el proceso productivo”. (Diario El Tiempo, 06/01)
Las reuniones de los Moyano con Barrios de Pie, Pablo Micheli (CTA Verde), Luis Barrionuevo, etcétera, indicarían que el titular de la CGT pretende ser la punta de lanza que derribe el techo salarial del 18%. Con un programa reivindicativo, Hugo Moyano apunta a capitalizar apoyos, a hacerse de caudal para un armado propio, y negociar en nombre de una clase a la que no pertenece. Por su parte, el gobierno es hábil y será cuestión de ver cómo reaccionan las diferentes burocracias cuando este último comience a “levantar el teléfono” para negociar por partes, aislando a Moyano. El gobierno intentará generar un nuevo personaje de recambio para la CGT, lavándole la cara a Gerardo Martínez (UOCRA) y poniendo algunas fichas en Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli (SMATA).
Los sectores independientes, anitburocráticos y combativos fueron también “halagados” por Cristina en su discurso de asunción, en el que la misma mencionó de manera negativa la histórica lucha que los docentes santacruceños organizados en ADOSAC llevaron adelante el año pasado. Tendremos que ver cómo continuamos con una política de unidad, y con una dirección independiente de los gobiernos y las patronales, pero también de las burocracias.
El techo salarial del 18%, los ajustes y tarifazos, lejos de ser casos aislados, forman parte de un plan que tiene por objetivo que la crisis no la paguen los empresarios. Como observa Eduardo Lucita, por medio de un cambio semántico, pero también, y fundamentalmente, político, ya no se trataría de profundizar el modelo, sino que se entraría en la era de la sintonía fina. Una forma bella y confusa de decir: la crisis la pagará el pueblo trabajador.
Pero ese pueblo trabajador es el mismo que echó a Onganía en el Cordobazo y a De La Rua en el Argentinazo. Un pueblo combativo, que no se calla. El gobierno esto lo sabe, y también se prepara.
Un anti(cuerpo)terrorista
El gobierno kirchnerista ya carga con 18 muertos del campo popular desde junio de 2010, a eso se le suman los 140 casos de gatillo fácil anuales, la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, un sinnúmero de procesados y presos por luchar, etc. El intensivo trabajo mediático-cultural logra que el gobierno que reprimió a los docentes de Santa Cruz en Buenos Aires, a los trabajadores de Kraft, a los sin tierra en Formosa, en Jujuy, en el Indoamericano, etc., siga pareciendo una gestión progresista que “ha decidido no reprimir la protesta social”.
Pero ese manto comienza a correrse. Como previamente afirmábamos, el gobierno comienza a prepararse para un año convulsionado. El pasado 21 de diciembre el Congreso aprobó la llamada “Ley antiterrorista”, enviada al poder legislativo por el ejecutivo. Con definiciones confusas y duplicando las penas de la legislación vieja, dicha ley se configura como un arma contra la protesta social, un crimen a los que luchan. El mismo Florencio Randazzo ratificó que la iniciativa fue producto de presiones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), órgano dirigido por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, órgano del imperialismo yanqui.
Este anticuerpo terrorista que el gobierno utiliza para enfrentar la crisis a su manera (con los empresarios y contra los trabajadores) es una manifestación más de la naturaleza de clase que posee este gobierno que se llama nacional y popular, pero transa con el imperialismo y reprime a quienes se organizan porque no quieren pagar la crisis que el capitalismo generó.
Ante este avance sobre nuestras conquistas: Unidad, organización e independencia política
En el panorama mundial no hay señales de recuperación. El viejo continente no encuentra salida, a pesar de los draconianos ajustes que han impuesto gobiernos de distintas tendencias políticas sobre los trabajadores. Estados Unidos, no logra recuperar su economía y el nivel de empleo. Nuestro socio comercial y vecino país, Brasil, enfrenta posibilidades de desaceleración en su economía, y los pronósticos sobre la supuesta nueva locomotora mundial: China, tampoco son alentadores.
En este contexto, la teoría del blindaje ha quedado desechada. Ya nadie duda del impacto de la crisis sobre nuestra economía, aunque no hay datos certeros sobre su duración y profundidad. Es en este escenario, que el gobierno decide que las consecuencias de la crisis la paguen los trabajadores, mediante medidas que aunque fervientes kirchneristas quieran maquillar con palabras más suaves, no son más que AJUSTES.
El reciente conflicto en Swift, ante el anuncio de la empresa de cerrar su planta en Venado Tuerto, afectando la fuente laboral de 500 trabajadores, por más que ha quedado en suspenso; la reciente suspensión durante dos días de 2.500 obreros de FIAT en Córdoba en medio de una supuesta disputa entre la empresa y el gobierno por la liberación de importaciones de insumos… son pequeñas muestra de lo que se avecina: ajustes preventivos de las empresas que estiman que sus cuantiosas ganancias se verán afectadas por la crisis mundial. Frente a ese panorama, urge organizarse contra suspensiones y despidos.
Ante un escenario de posible conflictividad laboral y social, consideramos central unificar nuestros esfuerzos para enfrentar el tarifazo y los ajustes que ya se están implementando. A la par que defender las fuentes de trabajo, y pelear por aumentos salariales que superen los techos que Gobierno y las patronales intentan imponer a los trabajadores.
No descartamos que ante esta coyuntura se realicen medidas unificadas con varios sectores, pero creemos necesario fortalecer a la izquierda, y garantizar la independencia del gobierno, de patronales, de proyectos reformistas, pero también de burocracias sindicales que aunque hoy día puedan ser punta de lanza de luchas, representan negociados, mafias y la subordinación a intereses económicos de la organización independiente de la clase trabajadora.
NINGÚN TARIFAZO CONTRA LOS TRABAJADORES: ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CONTROL DE USUARIOS Y TRABAJADORES.
DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: NO A LAS SUSPENSIONES, CESANTÍAS O CAÍDA DE CONTRATOS NI EN EL SECTOR PÚBLICO NI EN EL PRIVADO.
AUMENTO DEL SALARIO DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR, NO AL TECHO SALARIAL DEL 18%.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS EMPRESARIOS Y NO EL PUEBLO TRABAJADOR.
13-01-2012
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO
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