miércoles, 1 de mayo de 2013
domingo, 24 de marzo de 2013
miércoles, 19 de diciembre de 2012
sábado, 15 de septiembre de 2012
Frente al gobierno y a las movilizaciones por derecha: INDEPENDENCIA DE CLASE
FRENTE AL GOBIERNO Y A LAS MOVILIZACIONES POR DERECHA: INDEPENDENCIA DE CLASE
Los miles de manifestantes que el pasado jueves 13 de septiembre convergieron en las principales ciudades del país no expresan ninguno de los intereses de los trabajadores y sectores populares. Debemos ser claros y sin ningún lugar a la duda: por la composición de clase y por la naturaleza de las consignas, los cacerolazos del pasado jueves lejos están de aquellos que sacudieron las principales urbes allá por diciembre del 2001 y el verano de 2002. El sujeto social que ahora salió a las calles se compone por la misma pequeña burguesía y sectores acomodados que repudian los cortes de ruta de los trabajadores y reclaman mano dura contra la protesta, que defienden la dictadura y que la máxima libertad a la que aspiran es la de hacer negocios.
Tras la supuesta espontánea convocatoria se ocultan (y no tanto) la Iglesia Católica, el grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas, y los partidos de oposición de derecha al kirchnerismo, el macrismo, el radicalismo, el peronismo federal, los sectores liderados por De Narváez que, habiendo convocado o no, festejaron con entusiasmo la movilización. También Scioli declaró "cuando la gente se expresa hay que escucharla con atención", recomendación que le valdría a él mismo que ignora los innumerable recamos de los trabajadores estatales de su provincia.
Pero no sólo estos sectores reaccionarios se han posicionado. El otrora kirchnerista y hoy ferviente opositor, el burócrata sindical Moyano, manifestó su apoyo desnudando sus intereses mezquinos que distan mucho de los intereses de la clase a la que dice representar. Lo mismo hizo la llamada “centro izquierda” del FAP y Proyecto Sur cuyos principales dirigentes vieron con optimismo la “movilización espontánea” de la clase media. Al igual que en 2008, cuando apoyaron a las patronales del campo, la centro-izquierda termina apoyando de hecho a una expresión política claramente de derecha.
Mención aparte merece un sector de las fuerzas de izquierda que, entusiasmado ante cualquier acción o movilización que se oponga al gobierno, no es capaz de leer con honestidad intelectual y política qué intereses y sectores de clase son los que impulsan dichos reclamos. Con una posición que cabalga entre la confusión y el oportunismo, de la misma manera que antaño apoyaron abiertamente a la Mesa del Enlace de los patrones del campo, hoy el MST e Izquierda Socialista aplauden a la clase media indignada por el cepo al dólar, la inseguridad, la corrupción, el uso cadena nacional y el “autoritarismo” del gobierno que consistiría solamente en su vulneración de formas republicanas y no en su carácter de clase.
La agenda política la marcan alternativas burguesas, sean estas por derecha o por “centro izquierda”. Nada dice ninguno de esos bloques acerca del 40% de precarización laboral que en 10 años de “modelo” kirchnerista no se ha eliminado. Nada dicen tampoco de la criminalización de la protesta social, de los crecientes ataques a los trabajadores que el único delito que cometen es organizarse en la legítima defensa de sus derechos. Menos aún denuncia -ninguno de estos grandes bloques- las enormes riquezas de capitales transnacionales y nacionales que a costa de la explotación y la salud de nuestro pueblo acumulan enormes ganancias con la explotación sojera, la megaminería y el trabajo esclavo mientras se condena a nuestra clase a vivir con $ 6 por día, o a percibir un salario mínimo de $2.670 hasta 2013, recientemente pactado con la burocracia sindical. Mientras los caceroleros fashion repudian la política de subsidios sociales del gobierno, éste hace bandera de “justicia social” distribuyendo los propios ingresos de los trabajadores sin tocar los beneficios de los empresarios.
La necesidad de una agenda propia
Frente a esta coyuntura compleja quienes nos definimos socialistas, o bien anticapitalistas, clasistas, antiburocrácticos, nos encontramos con un panorama complicado.
A pesar de que las posiciones clasistas no son las que dominan la escena política actual, consideramos que es fundamental intervenir de manera clara, coherente y con firmeza. Ninguna fundamentación táctica justifica un apoyo a sectores que abiertamente se posicionan contra las reivindicaciones de la clase trabajadora. Los que claman con sus cacerolas hoy en día son quienes viven de la explotación y la opresión hacia los y las trabajadoras, o quienes sin hacerlo adhieren a sus consignas.
Ni con el Gobierno ni con los caceloreros; la única alternativa real para resolver los problemas del pueblo trabajador sigue siendo construir una agenda propia, independiente de cualquier proyecto burgués; dentro de una unidad amplia, pero sin abandonar la perspectiva de clase.
Agrupación Hombre Nuevo - 15 de septiembre de 2012
Facebook: Agrupación Hombre Nuevo
jueves, 22 de marzo de 2012
miércoles, 15 de febrero de 2012
BASTA DE MEGAMINERÍA; NO A LA REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES Y POPULARES; EXIJAMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
Cuando afinan la sintonía, afilan sus bastones
miércoles 15-2, nos movilizamos
Antecedentes
En el año 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.268 que incorporó al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater, que tipificaban como delito la “asociación ilícita terrorista” y el “financiamiento del terrorismo”. Ya en esa oportunidad se trataba de una ley con poca precisión y definición específica, que dejaba un camino sin obstáculos a la libre interpretación de los jueces y al establecimiento de penas que podrían ir desde los 5 a los 20 años de prisión. Esta ley, vigente en la actualidad, faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorista” a cualquiera, sin que sea requisito que se comentan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). A partir de la vigencia de esta ley, cualquier organización social, política, estudiantil, sindical, etc. que simplemente intente reclamar ante el Estado o algún organismo internacional puede ser acusada de terrorista y ser sancionada con penas altísimas.
¿Qué incorpora la nueva legislación?
El nuevo proyecto de ley aprobado finalmente por el Congreso de la Nación en diciembre del 2011, denominado “Sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” modificó el código penal[i] estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha "antiterrorista", tiene mayores alcances que la sancionada en el 2007, y fundamentalmente, convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.
En la nueva legislación se califica como “terrorista” cualquier “delito” que tenga “la finalidad de generar terror en la población”, duplicando los mínimos y los máximos de las escalas penales y no sólo será aplicable a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización (por ejemplo: vecinos que cortan una calle en reclamo por falta de luz o una inundación, los jubilados que exigen aumentos, los estudiantes que reclaman una mejor educación).
Además de convertir en un criminal a cualquier ciudadano que protesta y exige sus derechos, la ley agrega que cualquier tipo de colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido “delitos terroristas” dentro o fuera del país, será penado bajo la figura de “financiación terrorista”. Algunos ejemplos de ello pueden ser la realización del fondo de huelga a los trabajadores de Kraft o la Caravana solidaria que se realizó en apoyo a los docentes de ADOSAC, o algo tan simple como donar 5 pesos a Greenpeace, organización que exige el fin de la megaminería. De hecho, esta ley ya se está aplicando a los vecinos que en Catamarca y La Rioja son perseguidos y detenidos por defender su derecho a un medio ambiente sano, derecho establecido no sólo de nuestra Constitución Nacional sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Si bien frente a los reclamos de varios organismos de DDHH y de personalidades de la cultura y la educación, se ha hecho un agregado en el proyecto de ley que aclara que estas medidas no se aplicarán sobre la protesta social en los casos en los que se “esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo”, dicha especificación continúa siendo ambigua ya que deja a libre interpretación de los jueces de turno qué protestas se exceptuarán. Es decir, los mismos jueces que, entre otros hechos escandalosos, amparan a los grandes criminales que hacen millones con la trata de mujeres y absuelven a los policías que asesinan jóvenes con el "gatillo fácil", mientras encarcelan a los pobres y mantienen procesados a miles de luchadores sociales, serán quienes decidan qué derechos vamos a poder defender legítimamente y cuáles no.
¿Una ley al servicio de quién?
Al igual que la Doctrina de Seguridad Nacional que, elaborada por los Estados Unidos en la década de 1960, fue usada por las dictaduras latinoamericanas para luchar contra "el enemgio interno", considerando terrorista a cualquiera que discrepara con los valores "occidentales y cristianos" de la dictadura de Onganía por ejemplo; esta ley fue promovida por el Departamento de Estado norteamericano a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera).
Ante las protestas sociales que crecen a nivel mundial de la mano de la crisis económica, y que tienen como epicentro a la propia Europa y EEUU, el gendarme mundial busca garantizar su hegemonía política, económica y militar y promueve un "orden" que permita recuperar las ganancias empresarias.
¿Qué orden se busca garantizar en nuestro país? ¿Qué expresiones habría de "terrorismo"?
Esta reforma penal que legitima la criminalización de la protesta no constituye un hecho aislado.
En los últimos ocho años la criminalización de la protesta ha aumentado exponencialmente. La cantidad de compañeros y compañeras asesinados durante jornadas de protesta entre 2003 y 2011 no queda muy atrás de la ocurrida en los gobiernos de Menem y de Duhalde. Actualmente hay más de 5.000 causas judiciales en Argentina contra luchadores populares, cuyo delito ha sido reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano... Todos derechos fundamentales de los seres humanos. Además, en los últimos años, a las fuerzas armadas del estado se han sumado distintos grupos parapoliciales o patotas que ejercen la represión directa allí donde el pueblo reclama y se organiza para luchar: Mariano Ferreyra, los trabajadores de Kraft, la comunidad Qom en Formosa, los vecinos del Indoamericano, los docentes de ADOSAC, las familias pobres de Jujuy que fueron baleadas por tomar tierras, los jóvenes de Lugano que son golpeados por la Gendarmería que dice garantizar la "seguridad", los pueblos de Catamarca y Tucumán que luchan contra la megaminerías, son solo algunos ejemplos de cómo el pueblo trabajador es atacado por un sistema político y judicial que garantiza los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.
En síntesis, esta nueva ley, cuyo objetivo es paralizar la lucha social a través del miedo a ser encarcelado, del "terror" a ser perseguido (con el Código Penal en la mano como dijo Aníbal Fernández) que busca impedir que nos organicemos y salgamos a las calles a luchar por nuestros derechos, promueve la criminalización de la protesta y avanza en la militarización para “combatir la inseguridad”, en función de sus intereses de clase. Por ello, debemos unir todas nuestras fuerzas para decir NO a la Ley Antiterrorista. Porque seguiremos luchando por nuestros derechos y por construir un mundo realmente justo, afirmamos una vez más que las luchas que - todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, universitarias, etc.- día a día intentamos llevar adelante por mejores condiciones de vida, no son actos terroristas.
. DEROGACIÓN DE LA LEY "ANTITERRORISTA".
. UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES, DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIANTILES Y SOCIALES.
. NINGÚN ACTO NI LUCHA POPULAR ES UN ACTO TERRORISTA
. NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
. LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR.
. DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES.
El MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO MARCHAMOS HASTA EL CONGRESO NACIONAL
Concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17:00 hs
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO
-------------------------------
[i] Que logró la sanción en la cámara de Diputados con los 134 votos de: Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Peronista de San Luis, Movimiento Popular Neuquino, Renovador de Salta, Córdoba Federal, Frente Cívico por Santiago, Unión por San Juan, Corriente de pensamiento Federal, Unión Peronista, Partido Justicialista La Pampa; contra los 90 votos negativos de: UCR, PRO, GEN, Proyecto Sur, PS, Frente Cívico Córdoba, Coalición Cívica – ARI, Unidad Popular, Demócrata de Mendoza, Libres del Sur, Frente Peronista, Democracia igualitaria y participativa, votaron en contra de la sanción de la ley.)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)